La intención del gobierno federal de asumir un papel activo en el despliegue de infraestructura de telecomunicaciones, a través de CFE Telecom y Altán Redes, para cerrar la brecha digital en México, tal y como se señala en la reforma a la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión (LFTyR), podría no sólo distorsionar la competencia en el sector, sino también acarrear pérdidas económicas superiores a los 76 mil millones de pesos anuales, advirtieron expertos y representantes de las telecomunicaciones móviles.
“El Estado no debe competir con los operadores, sino generar las condiciones para que la inversión privada florezca. En lugar de destinar recursos públicos a operar redes, debería concentrarse en facilitar el acceso al espectro, garantizar certidumbre jurídica y mejorar las condiciones del mercado”, advirtió Lucas Gallitto, director para América Latina de la Asociación del Sistema Global para Comunicaciones Móviles (GSMA).
Explicó que con la propuesta actual impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum, a través de la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones (ATDT), lejos de resolver los retos de cobertura y acceso a internet, podría replicar modelos ya probados y fallidos, donde la falta de incentivos de eficiencia termina por afectar la calidad, elevar los costos y excluir a los jugadores privados del ecosistema digital.
Por su parte, Ernesto Piedras, director general de la consultora The CIU, afirmó que las modificaciones a la estructura institucional que se proponen en la reforma generarían una ola de impactos económicos que podrían costarle al país más de 76 mil millones de pesos, alrededor de 12.6 por ciento de los ingresos totales del sector.
“De continuar con las modificaciones propuestas, se minaría la competencia y la certidumbre jurídica, se generarían desincentivos a la inversión, se elevarían los costos operativos, y consecuentemente, se encarecerían los servicios para millones de usuarios, lo que generaría impactos económicos por más de 76 mil millones de pesos”, afirmó el especialista.
Según señala el estudio Afectaciones Económicas por la Iniciativa de Reforma a la LFTyR, la sola sustitución del Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) por un ente dependiente del Poder Ejecutivo, provocaría una merma en la productividad sectorial estimada en 2.8 mil millones de pesos anuales.
En tanto, la posible regulación asimétrica aplicada al operador preponderante (América Móvil), podría derivar en una contracción de inversión cercana a los 9.7 mil millones de pesos al año. Asimismo, la falta de medidas para corregir el sobrecosto del espectro radioeléctrico, que en México es 85 por ciento más caro que el promedio de la OCDE, podría generar un costo adicional de 23.1 mil millones de pesos anuales para los operadores.
“Lo que necesitamos es un enfoque de política pública que maximice el valor social del espectro, no su valor fiscal. Hoy el alto costo de licencias está estrangulando la capacidad de despliegue en las zonas donde más se necesita”, señaló Gallitto en entrevista con El Financiero.
Privados con capacidad para cerrar brecha
Con lo anterior y con el análisis de la consultora The CIU que señala que la iniciativa podría incurrir en violaciones al T-MEC que generarían afectaciones económicas de 4.5 mil millones de pesos anuales, el directivo de la GSMA consideró que deben ser los operadores móviles privados como AT&T, América Móvil o Telefónica Movistar, los que deben encargarse de cerrar la brecha digital en México, siempre y cuando el Estado ofrezca condiciones adecuadas para las inversiones.
“Los operadores móviles en México tienen la capacidad para cerrar la brecha digital, pero para lograrlo es indispensable que se reduzca el costo del espectro radioeléctrico. Mientras este siga siendo uno de los más altos del mundo, se limita la expansión de redes”, afirmó Lucas Gallitto.
Muestra de lo anterior es el caso de Chile, donde las autoridades regulatorias redujeron los precios del espectro radioeléctrico, ofrecieron certeza jurídica a los operadores móviles para invertir en el país e incluso dieron incentivos fiscales, lo que permitió a ese país cerrar la brecha en menos de 14 meses.
“El despliegue de 4G en todo el territorio chileno nos tomó nada más 18 meses y recientemente, alcanzar la cobertura de todo el territorio con 5G nos tomó 14 meses, con una participación de 98 por ciento de los privados y sólo de 2 por ciento del Estado, es un claro ejemplo de que sí se puede cerrar la brecha con pura inversión privada”, dijo Rodrigo Ramírez Pino, presidente de la Cámara Chilena de Infraestructura Digital.
Con todo lo anterior, los expertos coincidieron en que la iniciativa para reformar la LFTyR no solo debilita el marco regulatorio actual, sino que introduce distorsiones que podrían afectar estructuralmente al sector, de tal forma que las consecuencias no serán sólo económicas, sino estratégicas también, toda vez que no se está apostando por la conectividad como motor de desarrollo.
